Vamos con todo contra la corrupción en funcionarios: Robles Montoya

02 de Marzo del 2018. – Toda vez que la Ley General de Responsabilidades Administrativas prácticamente legaliza la opacidad al contener resquicios de impunidad, el senador  de Oaxaca, Benjamín Robles Montoya presentó una iniciativa para eliminar esas lagunas legales que aprovechan los funcionarios para elevar los índices de corrupción.

Precisó que el actual ordenamiento, en los artículos 5 y 50, contiene preceptos que ocultan información a la población, impiden acceder a los registros de sanciones y permiten que el servidor público sea quien decida dar a conocer o no sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

“La presente iniciativa plantea algunos ajustes para fortalecer la Ley General de Responsabilidades Administrativas eliminando resquicios de impunidad que intencionalmente o no, quedaron plasmados en su contenido, proponemos que los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado y de los entes públicos y órganos de gobierno de las entidades de la administración pública federal que realicen actividades comerciales sean considerados como servidores públicos para los efectos de dicha ley, no hay razón para que no lo sean, máxime cuando realizan una función y por esa función reciben una remuneración y prebendas institucionales, es una incongruencia que ante todo ello no se les considere servidores públicos”, dijo enfático Benjamín Robles.

Ejemplificó que en el artículo 5 se excluye como servidores públicos a los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado; mientras que el artículo 50 establece la posibilidad de que la autoridad resolutoria se abstenga de sancionar, cuando el daño o perjuicio al patrimonio de los entes públicos no exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Ante esta situación, Benjamín Robles, quien en su natal Oaxaca se ha caracterizado por ser un férreo luchador contra la corrupción, propuso que en el artículo 5 se considere a los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado, como servidores públicos, así como derogar el cuarto párrafo del artículo 50.

Aunado a ello, planteó una reforma al artículo 27 para señalar que en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Nacional se publiquen las constancias de sanciones o de inhabilitación en contra de servidores públicos y particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas sean graves o no.

La iniciativa se envió a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

BRM propone robustecer legislación contra corrupción 1

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